Parlamento

Dependencia, prioridad absoluta para un verdadero Estado del Bienestar

Por Xabier Mikel Errekondo, portavoz del Grupo Mixto (Amaiur) en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

25/07/2012

La política pública sobre dependencia es, desde hace ya muchos años, una reivindicación cada vez mayor de muchos sectores sociales, acentuada aún más por el aumento de la esperanza de vida de la población.

La Ley 39/2006 de Dependencia pretende establecer el paraguas normativo necesario de los derechos del dependiente. Sin embargo, esta ley adolece de serias carencias como el análisis del copago (los servicios asistenciales y sanitarios debieran ser de copago cero), el tratamiento de la inmigración, principalmente la femenina y, principalmente, su debilidad a la hora garantizar su cumplimiento. La comunidad autónoma vasca (CAPV) es una de las pocas que lo hace, consecuencia de haberlo considerado prioritario y haberlo integrado en los servicios sociales de carácter local, aprovechando el valor de proximidad de los ayuntamientos y las diputaciones.

El sistema de financiación provoca el mayor elemento de conflicto. Las CCAA han criticado al Estado que calcule el coste económico por usuario y no por los servicios integrales y de calidad puestos en marcha. La CAPV es la comunidad que más aporta con el 66,07% del costo total, mientras que el Estado solo el 22,60%. 

La actividad parlamentaria de estos seis primeros meses han permitido solamente una primera toma de contacto. Sin embargo, han sido suficientes para evidenciar dos realidades: se está lejos de garantizar un servicio de calidad y el escaso interés de la ministra Ana Mato por la dependencia; ni siquiera se ha dignado a comparecer para presentar el programa del Gobierno.

El Estado del Bienestar es un patrimonio de la sociedad que todas y todos vamos a necesitar en un momento u otro de nuestra vida. Poco va a dejar el gobierno del PP que, con la excusa del ahorro, impone drásticos recortes hasta en las ya limitadas políticas sociales que colocan al colectivo de dependientes en riesgo de exclusión.

¿Qué ahorro supone la reducción del 15% (60 euros sobre 400 euros en la CAPV), la baja de la cotización a la seguridad social (140 euros para 3.300 personas en Gipuzkoa) y suspender por 2 años las nuevas incorporaciones en la prestación del cuidado no profesional (PECE)? ¿Y la reducción del 15% en las prestaciones vinculadas al servicio (PEVS), 15% en la asistencia personal (PEAP), 25,55% en las prestaciones por cuidados en el entorno (PECE) y 32,28% en el Mínimo de Protección para el máximo nivel de dependencia de futuras incorporaciones? ¿Y desterrar para siempre a las personas con dependencia moderada? Ante la modificación de la Ley del Aborto, ¿en qué desahuciado servicio a la dependencia se pretende atender a las decenas de miles de recién nacidos con malformaciones al año?

Todas estas medidas resultan doblemente hirientes pues conllevan al definitivo desmantelamiento del Estado del Bienestar a costa de un ahorro inútil dado que poco o nada aportan para cubrir la deuda contraída. Recortar donde no hay, no tiene ningún sentido, si no es desde el desconocimiento más profundo o desde la frivolidad más atroz.

¡Hay dinero! Sin embargo, repiten sin descanso y con descaro que “el Estado no tiene más dinero” mientras inyectan miles de millones a la banca. Los Estados europeos más desarrollados son los que más invierten en el sector público y en el Estado del Bienestar y son, a su vez, los que aplican políticas fiscales más progresivas. Lo contrario que en España, donde la política fiscal de todos estos años ha consistido en una bajada continua de impuestos que han favorecido a las rentas más altas. Consecuencia: muchos menos ingresos (responsable de gran parte del déficit estructural), y un PIB parecido pero con solo el 72% de gasto público respecto a la media europea.

El dinero empleado en la atención asistencial no es gasto sino inversión generador de empleo (local, próximo, mujer…). ¿Qué clase de entrañas tiene un Estado que, sin pestañear un ápice, es capaz de atacar el sistema de pensiones, castigar a las clases más vulnerables con la exponencial subida del IVA, reducir 7.000 millones en sanidad entre otros, cuando puede y debe obtener aún más ingresos corrigiendo la política fiscal ajustando el impuesto de sociedades, sucesiones, sobre las SICAV, o creando un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, o persiguiendo el gran fraude fiscal en vez de aplicar la denigrante amnistía fiscal?

La terna CAPV-Diputación-Ayuntamientos, a la vista de los resultados, es el camino. La clave de la atención en Gipuzkoa radica en su amplia oferta de servicios públicos, de manera que las familias puedan elegir el cuidado más adecuado. El sistema descentralizado por comarcas es el modelo más eficiente: donde es fundamental permitir compatibilizar diferentes servicios, mantener a las personas en su entorno familiar y social con centros residenciales comarcales y con servicios en el ámbito más próximo evitando su desarraigo, y sostener una distribución comarcal equitativa de los servicios.

Ahora más que nunca, cuando son amenazados los derechos más básicos de las personas, es el momento de poner en valor los criterios y prioridades de gobierno. Gipuzkoa lo tiene claro: no aplicará recorte alguno. No permitirá el enorme perjuicio que se quiere imponer a sus casi 26.000 dependientes, aún siendo consciente de que perderá 10 de los 35 millones del Estado (de los 230 millones del presupuesto). Sólo espera que el Gobierno Vasco asuma las cotizaciones a la Seguridad Social de sus 3.300 cuidadoras y cuidadores no profesionales.

Gipuzkoa ya ha marcado cual es el modelo a seguir.